Políticas de recaudación para 2014 Imprimir
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Escrito por Graciela Treber   
Jueves 28 de Noviembre de 2013 00:00

 

La estructura de recaudación de la provincia de Córdoba tiende a hacerse cada vez más regresiva, apelando a que la carga tributaria sea soportada por los consumidores.

 

En la provincia de Córdoba, tanto el Gobierno provincial como el municipal han elevado sus presupuestos y respectivas leyes impositivas para el período 2014 incluyendo incrementos porcentuales en alícuotas de cargas tributarias que exceden en varios puntos los índices inflacionarios.

Esta toma de posicionamientos de ambos estados finalmente se constituye en motor de expectativas inflacionarias y recae sobre el bolsillo de los contribuyentes, ya sean ellos vecinos de la ciudad o bien pobladores de la provincia.

En el caso del municipio, se proyecta incrementar el Impuesto Inmobiliario Urbano con ajustes que van de un 25 por ciento para las propiedades de zonas menos favorables al 32,5 por ciento en caso de propiedades de mayores cotizaciones, lo cual hace un promedio de un 29 por ciento.

Asimismo, se prevé un incremento de la contribución sobre la actividad comercial e industrial y servicios de un 26,5 por ciento.

Ambas previsiones, superiores a la estimación inflacionaria, pretenden sin dudas generar un colchón para cubrir erogaciones referidas a la prestación de los servicios tercerizados de transporte y recolección de residuos, cuyos cánones subirán en el transcurso del próximo año, tal como ha venido ocurriendo en el corriente.

En el caso de la Provincia de Córdoba, los tributos cuya alícuota se ha elegido “retocar” son el Inmobiliario Urbano en un promedio de un 28 por ciento. En el caso del rural, también estarán sujetos a incrementos de alícuotas, aun cuando este será de un 19 por ciento en el impuesto básico; el resto, hasta llegar al promedio del 28 por ciento, responde al Fondo Rural para la Infraestructura y Gasoductos, con el cual los dueños de los campos consiguen que esta recaudación sea aplicada en su propio beneficio, revalorizando aún más sus propiedades, cuyas valuaciones fiscales provinciales permanecieron congeladas por algo más de 20 años.

No se prevén en principio incrementos de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya actualización opera en forma automática, ya que este tributo recae de forma directa sobre los precios de venta de los productos.

Extraña tasa

Un comentario aparte merecen los incrementos de la llamada tasa vial, en la cual la Provincia parece haber encontrado un filón, ya que aporta importantes recursos a las arcas provinciales con el anunciado destino de aplicar su producido al mantenimiento de la red vial provincial, aun cuando con ese destino se haya ejecutado durante el ejercicio 2013 una suma muy menor y se habilite la transferencia de recursos a otro u otros destinos.

Los aumentos en la mencionada tasa exceden el fundamento de conservar el valor por el deterioro inflacionario, ya que ella se incrementa en niveles que oscilan entre el 25 por ciento y el 35 por ciento, según el tipo de combustible de que se trate.

Esa tasa es acusada de inconstitucional por la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, pero la Provincia parece estar dispuesta a cobrar el mayor monto posible por si el alto tribunal se expide en contra de la facultad de cobrarla y este ingreso debe ser discontinuado.

Este incremento del combustible a nivel provincial introduce asimismo un fuerte factor inflacionario local, ya que recae de forma directa sobre el bolsillo del consumidor. También se incorpora un factor distorsivo tanto respecto de los costos como de los precios del combustible que, por otra parte, está regulado por disposiciones nacionales.

Los mayores costos impactan en todos aquellos productos con origen en la provincia, así como encarecen el transporte de cargas cuando este no puede evitar abastecerse en el territorio provincial, cosa que muchos transportes ya intentan evitar.

Por el lado de las empresas, generalmente Pyme, expendedoras de combustible, hay que decir que esta tasa afecta su rentabilidad, sobre todo de aquellas cuyas principales ventas son el abastecimiento del transporte de carga y están emplazadas sobre rutas,  así como de aquellas que colindan con otras provincias, donde el precio del combustible es menor por no incluir el tributo provincial.

Esta pérdida de rentabilidad puede afectar también el empleo en aquellas bocas que se vean obligadas a reducir sus gastos o bien a desaparecer por efectos de la competencia.

Tendencia regresiva

La estructura de recaudación de la provincia de Córdoba tiende a hacerse cada vez más regresiva, apelando a que la carga tributaria sea soportada por los consumidores y renunciando a los tributos más redistributivos, que, en este caso, serían los relacionados con la propiedad de campos rurales, cuyas valuaciones fiscales –so pretexto de no producir incrementos en sus bases imponibles para evitar el Impuesto sobre los Bienes Personales por parte de la Nación– permanecen inalterables desde 1990.

Cabe recordar que dicho impuesto también es coparticipable por parte de la Nación. Lo cual se inscribe en una puja de poder entre la Nación y la Provincia, puja en la cual quienes se ven perjudicados son los habitantes de a pie del suelo provincial.

Para graficar la situación, según la ejecución presupuestaria presentada en septiembre de 2013, el 59,92 por ciento de los ingresos tributarios provinciales proviene del Estado nacional.

Del 40,08 por ciento restante, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos –con incidencia directa sobre los precios y, por ende, sobre el consumo– representa el 78,99 por ciento; el Inmobiliario (tanto urbano como rural), un 7,51 por ciento, inferior al nueve por ciento que representa el Impuesto a los Sellos, y un 4,5 por ciento para el Impuesto a los Automotores.

A ello se agrega la recaudación de la tasa vial –clasificada como recursos no tributarios–, que también cae directamente sobre el bolsillo del consumidor.

Esta decisión implica una transferencia de ingresos de los sectores consumidores a aquellos que ostentan la propiedad, sobre todo de la tierra rural, de modo que la carga tributaria incide con mayor peso en el sector más vulnerable de la población, cuyo ingreso proviene de su trabajo personal asalariado.

Graciela Treber - Dirigente EDE -Nuevo Encuentro.

Columna de Opinión - La Voz del Interior, 28 de Nov. 2013