¡Irrumpen elefantes en el bazar…! Imprimir
La voz del interior
Escrito por Salvador Treber   
Viernes 24 de Agosto de 2012 00:00

 

Las peligrosas decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial desnudan el grado de desesperación que ha invadido a sus miembros; sin evaluar debidamente cual puede ser la reacción del Gobierno Nacional y los disgustos e inconvenientes ocasionados a toda la población de Córdoba en su conjunto.

La Provincia de Córdoba es la más endeudada de todas respecto a su producto bruto geográfico. Dicho pasivo público equivale al total de un presupuesto anual. A ello se agrega que no mantiene vínculos muy cordiales con el Gobierno Nacional.
Tal circunstancia se trasunta respecto de la cobertura del desequilibrio existente en el sistema local de jubilaciones y pensiones. El mismo cuenta con la contribución de aproximadamente el doble de activos que pasivos, los cuales en vez del 11% vigente a nivel federal, erogan mensualmente 18% de sus haberes. Esa diferencia se ha establecido para financiar mayores beneficios, derivados de la forma de calcular la primera jubilación o pensión, permitiendo optar por la más elevada relación que se establece a través de la remuneración de los activos (82%) y la cantidad de años de aportes requeridos.
En 2009, frente a la muy difícil situación financiera que afrontaban los fiscos locales, la Nación encaró un operativo destinado a absorber sus respectivas Cajas de Jubilaciones; aplicando a tal fin un tratamiento semejante al que rige para sus propios afiliados originarios. A esta iniciativa se adhirieron la Capital Federal y diez provincias más, liberándose desde entonces de atender un rubro que los abrumaba. Las restantes doce optaron por mantener el esquema preexistente, pues para acogerse a esa eventual transferencia y unificación hubieran tenido que realizar en cada una de ellas reformas constitucionales.
Armonización Nación-Provincias.
En Córdoba, el artículo 16 -apartado 4- de la Constitución autoriza a “Concertar con el Gobierno Federal regímenes de coparticipación impositiva y de descentralización del sistema previsional” pero en el Título Segundo -Capítulo Primero- a partir del artículo 55 y muy específicamente en el 57, prevé la existencia de su propio “régimen previsional general” que abarca a los empleados del sector público provincial y los municipios; más organismos que, con semejante finalidad, cubran a los que ejercen distintas especialidades. Bajo tales lineamientos existen en el primer caso alrededor de 95 mil beneficiarios y el doble de aportantes; mientras las diversas cajas profesionales suman alrededor de otros treinta mil y la contribución de unos 120 mil. Para comparar su muy variable extensión, cabe referir que los pasivos insertos en el régimen nacional, con domicilio en nuestra jurisdicción, ascienden a casi 500 mil.
Entre la Nación y Córdoba, al igual que con todas las demás jurisdicciones que mantienen sus esquemas locales, aquella comprometió el envío de fondos calculados sobre la base de aplicar el federal; corriendo por cuenta de cada una financiar la diferencia resultante aunque sujeto a una futura compatibilización. Dicho Acuerdo abarcó los ejercicios 2010 y 2011 pero se concretó sólo con el primero de ellos; respecto del segundo no le han girado ni un peso, alegando que la Provincia no cumplió con la condición de alinearse a las normas nacionales. Esto es parcialmente cierto, dado que en muchos aspectos si lo hizo e incluso en mayor medida que otros fiscos. Sin embargo, la Nación no puede constituirse en juez y parte.
Esta restricción también la sufrió Santa Fé y hace unos seis meses acudió a la Corte Suprema de Justicia -única instancia constitucional- para conseguir las referidas remesas. Córdoba, por razones no muy claras, esperó bastante más -hasta el 6 de agosto ppdo- aunque el máximo Tribunal, con una diligencia nada habitual, convocó a las partes a una audiencia de conciliación a realizarse el 10 de septiembre próximo.
Otras iniciativas sorprendentes.
Cabe advertir que, aún logrando que hagan los pagos pendientes en un plazo relativamente breve, la administración pública cordobesa no dejaría de afrontar una aguda carencia de recursos. Ese importe sumado a lo que correspondiera por el lapso enero-julio 2012; podrían proveerle sólo un alivio temporario pero no corregiría las falencias que traen de arrastre.
Tal circunstancia explica que, en forma simultanea, hayan decidido reclamar que dejen de retenerle el 15% de la coparticipación (Ley Nº 23.548) que el Acuerdo de 1992 le autoriza restar a la Nación para viabilizar la vigencia y actualizaciones del régimen jubilatorio nacional. En aquél momento permitió elevar el haber mínimo de $150 a $ 200 pesos; mientras la Nación arguye que todos los ajustes y actualizaciones posteriores vienen realizándose incluyendo esa fuente adicional. Por otra parte, el mencionado Acuerdo no prevé la posibilidad de una ruptura unilateral y, por lo tanto, esa pretensión no sería legalmente viable.
Pese a ello, además, pretenden crear una supuesta “tasa” vial (realmente un impuesto burdamente disfrazado) que recaería adicionalmente sobre el consumo minorista de combustibles líquidos ($ 0.30 por litro) y gaseoso ($ 0.10 por m3), quizás con alguna ligera variante, en busca de recaudar $ 500 millones. Desde el año 1958 cuando se dictó el Decreto-Ley Nº 508, norma ratificada por todos los fiscos de provincias mediante sendas leyes, los mismos renunciaron a aplicar tributos locales de cualquier especie sobre combustibles. La iniciativa actual menciona que está respaldada en las atribuciones propias que se otorgan al Gobernador según el artículo 144 pero obvian tomar en cuenta que en el inciso 2 del mismo se establece que “Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución..” y, en esta emergencia, es obvio que la transgrede en forma flagrante.
Una actitud de esta naturaleza desnuda el grado de desesperación que ha invadido a los miembros del Poder Ejecutivo provincial, a punto tal de no evaluar debidamente cual puede ser la reacción del Gobierno Nacional. Es difícil que se mantenga impertérrito pues ello podría alentar a otras provincias para que opten por seguir ese errado y peligroso camino. Lo más probable es que sobrevenga una dura respuesta, que puede llegar a interrumpir toda la coparticipación, lo cual implica en 2012 62% de los recursos provinciales. Tampoco debe olvidarse que alrededor de 80 estaciones están muy cercanas al límite con las cinco provincias vecinas donde cargar dichos combustibles sin semejante “agregado” y ello puede llevar hasta la quiebra de las mismas. ¿Habrán medido todo eso?

Escrito por Salvador Treber - Profesor de Postgrado-FCE UNC
Viernes 31 de agosto de 2012. La Voz del Interior.