Los índices de desocupación y subempleo vigentes en Argentina se han caracterizado en los últimos años de este siglo (2007/13) por la escasa flexibilidad que exhiben. Durante el primero de ellos eran, para ambas situaciones, del 8,5 y 9,4%; habiendo evolucionado levemente hasta fines del segundo trimestre, en forma notoriamente contradictoria para ubicarse, respectivamente en 7,2 y 9,7%.

Dado que según cifras oficiales, el total de la población económicamente activa ha sido estimada en 17.356,4 miles de personas y la ocupada llega a 16.106,7 miles que incluyen 1.683,6 miles subocupados. Esta subcategoría se adjudica a todos aquellos que trabajan entre 1 y 35 horas semanales pero desearían hacerlo por más tiempo.

En la composición de los integralmente ocupados cabe distinguir que 3.739,5 miles (23,2%) revistan como “cuentapropistas”; 3.321,4 miles (20,7%) en la Administración Publica de las tres jurisdicciones y 9.045,8 miles (56,1%) en relación de dependencia, dentro del sector privado. Es conocido que entre los primeros computa una cierta fracción que, en realidad, debieran estar en el tercer grupo pero que, para evitar el pago de cargas sociales, se han ubicado inadecuadamente transgrediendo o que constituye una evidencia objetiva.

En forma paralela, surge del cotejo de tales datos que los desocupados absolutos serían 1.249,7 miles; adjudicables en muy alta proporción al área privada y hasta en las mismas esferas oficiales los hay “disfrazados” como “contratados temporarios” aunque en mucho menor medida. Una faceta adicional, pero no menos importante, es que según la última información proporcionada por el Indec no menos de 4,5 millones del total general no están inscriptos en los organismos de seguridad social; razón por la cual se identifican como “en negro”.

Efectos y consecuencias.

Sería una ingenuidad suponer que ese “ahorro” que logran constituye la principal razón para que obren de esa manera ya que al proceder así no se circunscriben a violar las normas legales vigentes en esa materia sino ello es consecuencia de la no exposición ante el Fisco de una parte significativa de las ventas. Por lo tanto aquel ocultamiento de mano de obra no declarada se convierte en imperativo pues de lo contrario no podrían armonizar con los correspondientes ingresos admitidos y expuestos como “en blanco”.

En consecuencia, los realmente cumplidores e incluso los que lo hacen en gran medida, quedan en notoria desventaja respecto a los más audaces transgresores con aquellos desde el punto de vista competitivo, ya que éstos embolsan como un rendimiento diferencial a su favor lo derivado del menor costo de producción que se ve acrecentado por las cargas sociales no computadas. Las variantes con que se concretan tales maniobras explican que la recaudación del impuesto nacional personal a la renta neta exhiba un insólito índice de evasión del 49,5%.

Lo referido precedentemente también se verifica en el área estadual involucrando apenas un quinto de los asalariados ocupados, aunque adoptando una vía diferente pues no omiten a nadie sino que los encuadran en categorías que no se ajustan estrictamente a la realidad. Si se analiza en forma algo más prolija este aspecto, puede constatarse que incluso presupuestariamente suelen establecerse variaciones entre las partidas que cubren al personal que compone la “planta permanente” y los virtuales “marginales” que, bajo varias modalidades, se catalogan como “contratados transitorios”.

En ciertas provincias lo antes descripto se hace muy frecuente y en altas proporciones. En función de tales falencias se ubican porcentualmente en primer  termino San Luis donde representa nada menos que el 42,4%; seguida por La Rioja con 24,8% y San Juan, que se aproxima mucho, con un 24,7%; mientras en Tierra del Fuego es apenas de un ínfimo 2,4%. No obstante, por su mayor cantidad de habitantes y consiguientemente del elevado número de empleados estaduales, aun en dosis bastante menores, presentan una problemática más preocupante las provincias de Buenos Aires con un 9.3%; Santa Fe, Córdoba y Capital Federal en las que significan 11,1%, 12,1% y 16,1% de sus respectivos cifras locales.

El escenario más transgresor.

Este enfoque se refiere obviamente al campo privado, ámbito natural de la referida “informalidad”, que en 2003 equivalía al 45,2% del personal como corolario de lo acontecido en la década de los años Noventa (Siglo XX). La acción oficial para inducir al cumplimiento logró que a fines de 2011 ese indicador haya bajado al 34,5%; lo cual significó una evidente mejora. Aún así, sigue siendo un significativo colectivo que hace casi tres años se ha virtualmente estancado en cuanto a la deseable evolución descendente.

Debe advertirse al respecto que los indicadores relativos a desocupación abierta se elaboran sobre los totales generales y en 1983 se había logrado alcanzar la marca más favorable, no muy lejana al óptimo (4,7%) que sigue constituyendo la máxima performance alcanzada en ese aspecto a partir de cuando se relevan este tipo de datos. Por el contrario, en la siguiente década y hasta 2002, trepó en forma ininterrumpida marcando un muy alarmante registro desfavorable del 24,3%; que oficia a manera de testimonio sobre las enormes dificultades que se vivieron en ese álgido periodo.

La posterior persistente caída habida logró llevarlo en 2011 a 7,1%; nivel que, con algunas mínimas oscilaciones, siguió perdurando hasta mediados de 2013 en que volvió a exhibir un 7,2% luego de haber tenido en el primer trimestre del mismo una suba del 0,7% por encima de ese indicador que trajo bastante desasosiego. Felizmente fue transitorio pues entre abril y junio se retornó al referido índice de 7,2%. El centro de la problemática actual es la de promover nuevas bajas y salir de ese “status-quo”.

En cuanto a la subocupación, acotada por ciertos límites, ha variado bastante mas pues en 2007 equivalía al 9,4% y durante el problemático año 2009 tuvo un sesgo aún mas negativo pues arribó a 10,1% para luego recomenzar a descender progresivamente hasta el mejor porcentaje (8,0%) histórico, durante el primer trimestre de 2013; aunque en el siguiente volvió a elevarse hasta alcanzar un problemático 9,7%.

De la compatibilización de tales datos se puede deducir que los planteles que figuran “en blanco” han sido mantenidos estables; o sea, sin mayores cambios. Las variaciones antes descriptas afectan casi exclusivamente como escenarios propios, el subempleo y al trabajo “en negro”. La información desagregada revela que dentro de los 3.321,4 miles que revistan en alguna de las tres jurisdicciones que componen el sector publico, hay una franja que es mantenida transgrediendo las normas del sistema asistencial, fuera de la plena legalidad, e implican un 12,4%; es decir, que abarca a 411,9 miles.

A su vez, dentro del campo privado respecto a los 12.785,3 miles empleados totales, llegan a 1.271,7 miles que equivalen a un 9,95% pero sólo 670,2 miles (56,7%) están incursos en la misma anomalía. Por lo tanto, dado que bajo diversas modalidades en el este sector el personal ocupado asciende, según se ha señalado antes, a 12.785,3 miles; surgen evidencias que apuntan adjudicarlos como integrantes de ese gran colectivo que tanto en términos absolutos como relativos, se suelen identificar como “en negro”, dado que cubrirían un total de 3.328,8 miles (26,0%); pese a que en los hechos cumplen jornadas completas.

También se ha constatado que el 58,3% (1.940,7 miles) se desempeñan las funciones mas elementales de las empresas; el 23,4% (778,9 miles) en las de máxima responsabilidad y apenas el 18,3% (609,2 miles) integran las escalas intermedias. En el caso de los primeros, se explica porque su nulo o muy escaso grado de calificación los hace más vulnerables; mientras en el tramo de la cúspide esa elusión obra a manera de incentivo mediante un parcial alivio de la carga tributaria.

Diseño de una políticas correctiva.

Una gestión encaminada a cumplir dicho objetivo debe fijar como primera prioridad reducir en todo lo posible las transgresiones que se manifiestan en la franja citada en primer termino; lo cual, necesariamente, debería encararse tratando de dotar de cierto grado de especialización a quienes actualmente carecen de tales atributos. Esta acción requiere tomar muy en cuenta que los más altos índices de empleo “en negro” se localizan en provincias con los más bajos indicadores en materia de producto geográfico por habitante. La encabeza Chaco con 51,9% seguido por Corrientes 47,2%; Santiago del Estero 47,1% y Formosa 45,4%. Cierran esa tabla con los mejores ratios, Capital Federal en que  asciende a 24,1%, Santa Cruz en que baja a 16,4% y Tierra del Fuego con 12,8%.

La amplia dispersión que se ha plasmado urge la preparación de programas regionales de capacitación laboral y técnica que se vinculen con las principales fuentes de actividades existentes como también en las que se proyecten para el mediano y largo plazo. Según el Banco Mundial, el desempleo y el subempleo están nítidamente ligados a los que no han terminado el ciclo primario que representan un 48,0% los que adolecen de esa faceta; seguidos por un 34,1% de los que hicieron lo propio en el secundario y apenas 15,3% que no culminaron el terciario.

Un dato adicional a tener muy en cuenta es que en los dos primeros ciclos, el 69,3% tienen entre 24 y 45 años, lo cual exige enriquecer los respectivos conocimientos con aspectos prácticos que les ayuden en su inserción en el mercado de trabajo. Otra faceta a mejorar se refiere al trabajo de menores que suele dificultar su presencia en las escuelas. De acuerdo a la misma fuente, en nuestro país el 12,9% de los que no han cumplido todavía 15 años trabajan en jornadas que les resta tiempo y voluntad de aprendizaje sistemático Resulta bastante llamativo que nos superen con cierta amplitud la realidad de Colombia ya que allí el índice es de solo 2,9%; en Chile llega a 4,1%; en Venezuela a 5,1% y en Brasil 6,1%. Esto significa que en este aspecto hay mucho por hacer aquí pues se ha incurrido en un grave descuido que reclama inmediata corrección.

Escrito por Salvador Treber - Profesor de Postgrado-FCE-UNC

Viernes 01 de noviembre de 2013. Comercio y Justicia.